La Cámara de Diputados sancionó la mañana de este domingo la Ley de Estados de Excepción, luego de una sesión que se prolongó por cerca de 14 horas. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación y establece el marco legal que regulará la actuación del Estado ante situaciones extraordinarias que comprometan la seguridad, el orden público o la estabilidad institucional.
La aprobación se produjo en un contexto marcado por el día 36 de bloqueos y protestas en diferentes regiones del país, además de episodios de violencia registrados recientemente en el municipio cruceño de San Julián, donde al menos seis efectivos policiales resultaron heridos.
Durante la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, confirmó la sanción de la norma y su envío al Ejecutivo para el cumplimiento de los procedimientos constitucionales correspondientes.
La ley establece que el Presidente del Estado podrá declarar un Estado de excepción mediante decreto supremo cuando existan circunstancias como peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.
Asimismo, la normativa regula la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, estableciendo que su intervención podrá producirse cuando la Policía Boliviana haya sido rebasada y previa convocatoria presidencial. También dispone que el Ministerio Público mantendrá sus funciones de manera ininterrumpida y coordinará acciones con las fuerzas del orden para la investigación de delitos relacionados con alteraciones del orden público.
Uno de los aspectos centrales de la ley es que determina que el uso de la fuerza en operaciones conjuntas deberá ser excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida de las personas, la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado.
Con la sanción legislativa concluida, la decisión pasa ahora al presidente Rodrigo Paz, quien deberá definir la promulgación de la norma.
Desde la Asamblea Legislativa se ha enfatizado que la aprobación de la ley no implica la entrada en vigencia automática de un Estado de excepción. Para ello será necesario un decreto supremo específico y el cumplimiento de los mecanismos de control y supervisión establecidos por la Constitución y la propia ley.
En ese sentido, legisladores recordaron que cualquier declaración de Estado de excepción deberá ser evaluada y revisada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, garantizando el control institucional sobre una medida de carácter extraordinario.
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