Dos exautoridades electorales cuestionaron la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cancelar la segunda vuelta en La Paz, al considerar que se trató de una medida apresurada que vulneró derechos políticos y evidenció fallas en la interpretación normativa.
El exvocal Antonio Costas sostuvo que la decisión afectó directamente el derecho constitucional del candidato René Yahuasi a ser elegido, además del derecho de la ciudadanía a votar por él. Según explicó, el TSE basó su resolución en un artículo que no correspondía al caso, lo que reflejaría “impericia” en la Sala Plena.
Costas indicó que la normativa aplicable era otra, relacionada con los plazos de retiro de candidaturas, y criticó la falta de reglamentación sobre sanciones dentro de la Ley del Régimen Electoral, vigente desde hace más de una década.
Por su parte, el exvocal departamental Sabino Chávez coincidió en que la decisión vulnera derechos fundamentales, no solo del candidato, sino también de los votantes. “El titular del derecho político es el candidato, no la organización política”, remarcó.
La controversia surge tras la declinatoria del partido Nueva Generación Patriótica (NGP) de participar en el balotaje, lo que dejó fuera de competencia a Yahuasi y favoreció al postulante Luis Revilla.
Chávez cuestionó además que el TSE haya aplicado el artículo 64 para justificar la cancelación, en lugar de sancionar primero a la organización política por incumplir los plazos legales y luego definir las consecuencias. A su juicio, esto refleja una “mala lectura de la normativa”.
Ambos exvocales coincidieron en que, en materia de derechos políticos, debe primar el principio de favorabilidad, es decir, aplicar la norma que más beneficie al ejercicio de estos derechos, tal como establece la Constitución.
El caso ha generado un intenso debate político y jurídico en el país, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de las decisiones del órgano electoral.
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