La fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal ante una corte federal de Alexandria, Virginia contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y su presunto colaborador Federico Ezequiel Santoro Vassallo, por delitos relacionados con narcotráfico internacional y lavado de dinero.
Según el documento judicial presentado el 7 de marzo de 2024, ambos son acusados de conspiración, blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico y de introducir grandes cantidades de droga en territorio estadounidense.
La acusación sostiene que Marset operaba como un narcotraficante transnacional con base en Sudamérica y que su organización fue responsable del traslado de toneladas de cocaína desde la región hacia Europa, generando ganancias millonarias.
De acuerdo con la investigación, Santoro actuaba como un operador financiero dentro de la estructura criminal. Su función consistía en mover el dinero obtenido por la venta de cocaína en Europa, convertirlo en dólares estadounidenses y transferirlo nuevamente a Sudamérica utilizando el sistema financiero internacional.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados empleaban mensajeros, empresas fachada y transferencias bancarias para ocultar el origen ilícito del dinero. En algunos casos, los fondos eran transportados en efectivo y entregados de forma clandestina a otros miembros de la organización.
El expediente también señala que se utilizaron al menos siete empresas registradas en distintos países para justificar movimientos financieros mediante facturas falsas y operaciones aparentemente legales.
Además, la fiscalía indica que parte de las transferencias se realizó a través de bancos corresponsales ubicados en Richmond, Virginia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses asumir jurisdicción en el caso.
Las investigaciones también apuntan a que la organización habría movido millones de dólares provenientes del narcotráfico. Solo en un periodo de menos de cinco meses, Santoro habría dirigido transferencias por al menos ocho millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense.
El documento judicial sostiene que la red criminal operó entre 2019 y 2021 en varios países, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Portugal, Paraguay y Chile, además de territorio estadounidense.
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