El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional que propone restituir el curso legal a todos los billetes de la serie B, incluidos aquellos vinculados al dinero transportado en la aeronave siniestrada.
El legislador explicó que la iniciativa busca evitar que la población continúe enfrentando dificultades para utilizar estos billetes en transacciones cotidianas, luego de que surgieran dudas sobre su validez tras el accidente.
Alarcón aclaró que la propuesta no pretende legalizar el hurto o robo del dinero ocurrido después del siniestro, sino resolver el problema generado por la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de diferenciar entre billetes permitidos y otros considerados irregulares dentro de la misma serie.
Según indicó, el proyecto establece de manera expresa que las responsabilidades penales y civiles contra las personas que sustrajeron dinero o cometieron otros delitos durante el accidente se mantendrán vigentes, por lo que estos hechos deberán continuar siendo investigados por la justicia.
El diputado sostuvo que la medida adoptada por el BCB terminó afectando a todos los billetes de la serie B, pese a que —según afirmó— más del 98% ya circulaban legalmente antes del accidente. A su criterio, esto generó desconfianza en la población y dificultades para el uso de billetes de 10, 20 y 50 bolivianos, especialmente en actividades comerciales y de transporte.
En ese sentido, el legislador señaló que el proyecto busca restablecer plenamente el carácter de curso legal de toda la serie, ya que el dinero en efectivo debe poder utilizarse como medio de pago sin verificación previa ni condicionamientos.
Asimismo, advirtió que exigir a la población revisar los números de serie mediante aplicaciones o listas oficiales resulta poco viable para varios sectores, como adultos mayores, personas con discapacidad visual, niños o ciudadanos de zonas rurales con acceso limitado a internet.
Finalmente, Alarcón sostuvo que la responsabilidad de controlar los billetes sustraídos corresponde al Estado y al Banco Central de Bolivia, y no a los ciudadanos que reciben dinero de buena fe en sus actividades diarias. Según indicó, el proyecto consta de tres artículos y podría ser tratado en los próximos días si existe voluntad política en la Asamblea Legislativa.
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