Los productores de San Julián y Brecha Casarabe, agrupados en la Central 2 Montenegro, se declararon en estado de emergencia y anunciaron movilizaciones en rechazo a lo que consideran medidas que ponen en riesgo la producción nacional de soya.
El sector cuestiona el Decreto Supremo 5547, mediante el cual el Gobierno aprobó arancel cero para la importación de granos de soya. Según los productores, esta disposición afectará directamente el precio de la tonelada en el mercado interno, perjudicando principalmente al pequeño productor.
En un pronunciamiento público, señalaron que la norma incidirá negativamente en sus ingresos y denunciaron que el Ejecutivo intenta “asfixiar” la economía del sector productivo, que ya enfrenta dificultades por factores climáticos adversos, el incremento en los costos de insumos y restricciones tecnológicas.
Uno de los principales reclamos es la liberación de eventos de biotecnología que —según sostienen— permitirían incrementar la productividad y enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático. Consideran que sin acceso a nuevas tecnologías, la competitividad del sector se ve limitada frente a mercados externos.
Además, demandan que la industria cuente con suficiente volumen de producción para aprovechar su capacidad instalada, reducir costos y sostener la cadena productiva. Para los productores, no puede plantearse una salida a la crisis económica sacrificando al sector agropecuario, al que califican como pilar de la seguridad alimentaria y la reactivación económica del país.
Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades nacionales respecto a las observaciones del sector, mientras crece la tensión en una de las principales zonas productoras de soya del país.
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