La Asamblea Legislativa activó un proceso de fiscalización contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para recabar información detallada sobre los contratos de compra de crudo y condensado con la empresa internacional Trafigura, destinados a garantizar el abastecimiento interno durante la gestión 2026.
El requerimiento parlamentario solicita informes técnicos, económicos y administrativos que respalden la adjudicación del suministro. En particular, los legisladores piden explicaciones documentadas sobre los llamados “premios por barril”, es decir, los montos adicionales fijados según el punto de entrega.
De acuerdo con los datos contractuales, el precio establecido para la estación Pocitos (Yacuiba) es de 20,88 dólares por barril, mientras que para la terminal Sica Sica–Arica asciende a 22,88 dólares. La fiscalización apunta a conocer la estructura de estos costos, los márgenes aplicados y las variables consideradas para su determinación.
Además, se requirió información sobre los volúmenes comprometidos, los montos máximos contractuales, las condiciones de entrega bajo modalidad DAP (Delivered At Place) y los informes de evaluación que sustentaron la adjudicación a Trafigura.
Otro eje central del control legislativo es el cambio de proveedor, luego de que YPFB dejara de operar con Botrading S.A., empresa creada en 2023 para la comercialización de carburantes. Los legisladores buscan conocer las razones técnicas, financieras y administrativas de esta decisión y su eventual impacto en los costos de importación.
Desde la Asamblea se advirtió que, tras el análisis de la documentación solicitada, no se descarta remitir antecedentes a instancias de control o al Ministerio Público si se identifican posibles irregularidades.
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