El Asambleísta Nacional Manolo Rojas, de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó un proyecto de ley que busca establecer el resarcimiento obligatorio por daños civiles ocasionados durante movilizaciones, bloqueos y otras manifestaciones sociales que afecten a la población y al patrimonio público y privado.
La propuesta surge en medio de los constantes conflictos y bloqueos registrados en distintas regiones del país, los cuales han generado pérdidas económicas, desabastecimiento y afectaciones a servicios esenciales.
Según explicó el legislador, la iniciativa pretende que los responsables de ocasionar perjuicios económicos o sociales asuman el costo de los daños provocados durante las medidas de presión.
“Se ha presentado un proyecto de ley para el resarcimiento del daño civil, vale decir, que alguien tiene que pagar todas estas facturas que los bolivianos en calidad de víctimas no debemos pagar”, afirmó Rojas.
El parlamentario señaló que entre las consecuencias que busca reparar la norma se encuentran los daños a la propiedad pública y privada, además de los perjuicios derivados del desabastecimiento y la falta de atención médica ocasionada por los bloqueos.
La propuesta también establece responsabilidades solidarias para quienes convoquen o promuevan estas movilizaciones, no únicamente para quienes ejecuten directamente los actos de daño.
“Deben pagar mancomunadamente, no solamente quien realiza el daño de manera directa, sino quien también lo convoca”, sostuvo el diputado.
Como ejemplo, Rojas mencionó a la Central Obrera Boliviana (COB), organización que recientemente promovió movilizaciones y bloqueos indefinidos. Según explicó, en caso de aprobarse la norma, los dirigentes y firmantes de las convocatorias podrían asumir responsabilidades civiles por los perjuicios ocasionados.
El legislador aclaró que el proyecto no pretende limitar el derecho constitucional a la protesta ni afectar los espacios de diálogo con los sectores movilizados. En ese sentido, aseguró que la iniciativa busca equilibrar el derecho a la manifestación con la protección de la ciudadanía frente a daños económicos y sociales.
Asimismo, anunció que la propuesta será tratada la próxima semana en la Asamblea Legislativa, donde se espera un amplio debate sobre sus alcances y posibles implicaciones jurídicas y sociales.
El proyecto ha comenzado a generar reacciones en distintos sectores políticos y sociales, debido a que plantea un precedente respecto a la responsabilidad civil en protestas y medidas de presión en Bolivia.
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