La construcción del Hospital de Tercer Nivel de Trinidad vuelve al centro del debate público tras la difusión de un informe técnico que advierte posibles irregularidades estructurales, legales y de planificación en su ejecución.
El documento sostiene que la normativa que respalda este y otros proyectos hospitalarios en Bolivia se basa en un supuesto “Plan de Hospitales 2015” que —según la evaluación— nunca fue presentado oficialmente ni cuenta con respaldo técnico verificable.
El informe señala que dicho plan es citado como sustento en instrumentos clave de política pública, como los planes sectoriales del Ministerio de Salud para los periodos 2016-2020 y 2021-2025, pese a no existir evidencia documental de su formulación. “Un plan de esta magnitud debería responder a estudios técnicos, sociales y económicos que identifiquen necesidades reales por población y territorio, además de contar con una memoria técnica que permita su evaluación en todas sus fases”, advierte el análisis.
Proyecto bajo cuestionamiento
En el caso específico del hospital de Trinidad, el proyecto fue autorizado mediante el Decreto Supremo 2497 en agosto de 2015, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, habilitando la contratación directa para la construcción, equipamiento y puesta en marcha de cuatro hospitales, con un financiamiento superior a los 300 millones de dólares provenientes del Tesoro General de la Nación.
Sin embargo, el informe describe una serie de irregularidades desde su inicio. La primera empresa contratista, con la que se firmó contrato en 2016, incumplió los plazos establecidos —la entrega estaba prevista para 2020—, lo que derivó en la resolución del contrato en 2019, tras alcanzar únicamente avances en estudios de preinversión y obra gruesa.
Posteriormente, en 2022 se adjudicó el proyecto a una segunda empresa bajo un nuevo contrato de tres años. No obstante, inconsistencias entre el diseño y la ejecución derivaron en al menos cinco modificaciones contractuales, ampliando el plazo total a más de cuatro años. Finalmente, en octubre de 2024, la empresa decidió rescindir el contrato e iniciar acciones legales contra el Estado.
Riesgos económicos y legales
El proceso judicial abierto podría generar un impacto significativo para el Estado. Según el informe técnico, la empresa contratista reclama el pago de más de 188 millones de bolivianos por supuestos incumplimientos atribuibles a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), además de 24,7 millones de bolivianos por daños y perjuicios.
A esto se suma el riesgo de pérdida de aproximadamente 27 millones de bolivianos, en un contexto donde la obra se encuentra paralizada desde enero de 2024 sin fecha definida de reactivación. El documento también advierte que existen al menos 144 millones de bolivianos en materiales y trabajos ya ejecutados en el sitios.
Problemas replicados en otros hospitales
El informe amplía sus observaciones a otros proyectos hospitalarios del país, evidenciando patrones similares de planificación deficiente y uso ineficiente de recursos.
En Punata, por ejemplo, se construyó un hospital de 200 camas para una red de salud que atiende a menos de 50.000 habitantes. La evaluación detectó equipos médicos de alto costo sin uso, fallas en el funcionamiento del laboratorio de emergencias y la ausencia de servicios esenciales como hemodiálisis, pese a existir equipos almacenados desde hace más de tres años sin posibilidad de instalación.
En Cochabamba, el proyecto de radioterapia presenta un avance físico de apenas 14%, mientras que el avance financiero alcanza el 47%, lo que implica que gran parte del equipamiento principal ya fue pagado sin estar operativo.
Una situación similar se registra en Montero, donde un acelerador lineal valuado en 1,3 millones de dólares permanece inactivo desde hace cuatro años debido a la falta de personal especializado, lo que evidencia —según el informe— la ausencia de planificación integral en la implementación de estos centros.
Llamado a investigación
El documento concluye que las observaciones identificadas podrían derivar en responsabilidades administrativas y penales, al tratarse de posibles actos de mala planificación, incumplimientos contractuales y uso ineficiente de recursos públicos.
En ese contexto, se plantea la necesidad de una investigación exhaustiva que determine responsabilidades y permita transparentar el uso de los recursos destinados al sistema de salud, en un momento en que la demanda de servicios médicos eficientes sigue en aumento en el país.
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