En medio de la controversia por la suspensión de la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz, sectores afines al expresidente Evo Morales han intensificado sus críticas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que la norma en cuestión fue promulgada durante su propia gestión en 2014.
“Abogados y seguidores afines al expresidente Evo Morales cuestionaron en los últimos días la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender la segunda vuelta para la Gobernación del departamento de La Paz”, luego de la declinatoria presentada por la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP).
Sin embargo, el propio Morales fue quien promulgó la Ley N° 587, normativa que habilita expresamente a las organizaciones políticas a retirarse de una segunda vuelta electoral. Esta disposición se enmarca en la Ley Transitoria Electoral para las Elecciones Subnacionales 2015, impulsada por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La legislación modificó el Artículo 64 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, introduciendo un elemento clave: “si una de las dos fórmulas comunica por escrito al TSE su declinatoria hasta treinta (30) días antes de la votación, la segunda vuelta no se realizará”. En caso de que la renuncia ocurra fuera de ese plazo, “el TSE aplicará sanciones conforme a la normativa vigente” y la candidatura restante será proclamada como ganadora.
Este marco legal, que no estaba contemplado en la redacción original de la Ley N° 026 de 2010, fue incorporado precisamente durante el gobierno de Morales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de las críticas actuales.
“Resulta llamativo que Morales y sus abogados cuestionen la actuación del TSE, considerando que la normativa vigente que permite la declinatoria fue establecida durante su propio gobierno”, en un contexto donde la institucionalidad electoral aplica disposiciones plenamente vigentes.
La polémica escaló este domingo 5 de abril, cuando el expresidente Morales, junto al exvocal electoral vinculado al MAS, Wilfredo Ovando, exhortaron públicamente al TSE a no aplicar la norma vigente, pese a que esta fue aprobada en la gestión de 2014.
La situación abre un nuevo frente de debate sobre la consistencia política y jurídica de los actores que hoy cuestionan reglas que ellos mismos impulsaron, en un escenario electoral marcado por tensiones y decisiones determinantes para el departamento de La Paz.
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